Escrito por Violeta Assiego Cruz. Abogada, investigadora, escritora y activista en vulnerabilidad social y derechos humanos.
Los movimientos migratorios de niñas, niños y adolescentes vienen siendo una constante desde hace décadas, y lo seguirán siendo en el futuro de la Unión Europea y también de España. De ahí la necesidad de dejar de negar una realidad que debe ser abordada de forma planificada, con previsión de recursos y ofreciendo respuestas que tengan en cuenta las causas globales que están detrás del hecho de que hay una infancia en movimiento a la que se debe dar protección desde los Estados de conformidad a lo que establecen los instrumentos internacionales, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y, por supuesto, la Convención de los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos.
Es fundamental que la mirada sobre las personas menores de edad en movimiento, al igual que para las personas adultas, parta del respeto a su integridad y dignidad. Es necesario que prime en las respuestas y las políticas el enfoque de “seguridad humana” y el interés superior del menor sobre el enfoque de “seguridad nacional” que interpreta la migración como una amenaza a la seguridad y/o a los derechos de la ciudadanía residente.
Las propuestas políticas migratorias deben reforzar y garantizar un modelo que sitúe en el centro de atención y la protección a los derechos de las personas menores de edad a través de estrategias institucionales y respuestas multisectoriales que garanticen que son tratados como niños y como niñas, que cualquier en decisión que se tome sobre la vida de estas personas debe primar su interés superior priorizando su condición de niño/a-adolescente por encima de la condición de migrante.
El primer problema que nos encontramos cuando hablamos de infancia migrante es la total ausencia de esa perspectiva de infancia en el análisis de los movimientos migratorios Una ausencia total de cómo afectan estas situaciones a las niñas y niños. El adultocentrismo y la deshumanización en el uso de un lenguaje impersonal y estigmatizante -por ejemplo, el uso de acrónimos como MENA (menores extranjeros no acompañados) o NNA (niños, niñas y adolescentes)- evita tratar a las niñas y niños como personas en específico, a conocer sus historias de vida y, por supuesto, a comprender la especificidad que ha dado origen a que tengan que salir de su casa, su familia, su comunidad y su país.
España tiene la obligación de proteger a cada niño, niña y adolescente que se encuentre en su territorio, independientemente de cual sea su situación migratoria o el modo en que haya entrado a ese territorio. El principio de partida de toda actuación de identificación, acogida, atención y protección de la infancia, e incluso de repatriación, debe ser su interés superior, es su determinación la que debe guiar la sucesiva toma de decisiones, incluida la adopción de la solución duradera más apropiada para la niña, niño o adolescente migrante.
Sin embargo, en nuestro país, existe una preocupante y creciente “ideologización de la migración” que busca agitar un discurso anti-migrante y xenófobo que, usando a los más vulnerables dentro de la categoría de infancia migrante (las niñas y niños migran solos), quiere dividir a la población, avivar un problema identitario que la señala como una amenaza y obtener un rédito político a costa de esta weaponization de la migración. Sin embargo, muy lejos de protagonizar las tasas de criminalidad, la infancia migrante, tanto de forma individual como sus familias cuando viven en España, encabezan las tasas de precariedad, pobreza, desigualdad y vulneraciones de derechos.
En consecuencia, las propuestas de políticas públicas para la infancia migrante deben tomar tres direcciones. Por un lado, comprender que la solución a la migración no está en las fronteras, que no se puede dejar solos a los territorios que hacen de frontera sur de Europa (Ceuta, Canarias, Melilla y Andalucía), que se necesita una respuesta de Estado que ofrezca una solución colectiva basada en derechos que atienda de forma integral a la infancia en movimiento. Por otro, urgir a una regularización dirigida específicamente a aquellas familias encabezadas por personas migrantes sin papeles con hijas e hijos de manera que puedan eliminarse los obstáculos administrativos, económicos y educativos que interfieren en el acceso de estos a derechos que, en España, deben garantizarse de forma universal a toda la infancia sin distinción alguna. Y, por último, políticas que doten de recursos que sean capaces de atender de forma individualizada las diferentes situaciones y eviten los cuellos de botella. En definitiva, políticas que potencien un cambio en la forma en cómo pensamos en la migración en general y, de forma muy concreta, en cómo atendemos a la infancia migrante, esa que requiere especial cuidado porque el factor migrante la hace más frágil y vulnerable, nunca más sospechosa y amenazante.
